EI gobierno del Presidente Piñera ha cerrado el paso a las reformas y ha buscado derrotar al movimiento estudiantil en lugar de escucharlo. Ha querido transformar el movimiento estudiantil en un "problema" de orden público, ha apostado a su desgaste y ha pretendido endosar el tema al Parlamento, eludiendo su propia responsabilidad como gobierno. Dicha actitud se ha reiterado en la presentación del Presupuesto 2012, que no introduce ningún cambio relevante y contiene el reajuste más bajo de los últimos años en el ámbito de la educación (el gobierno propone un reajuste del 7,2%, lo que contrasta con el 13% que, en promedio, se aprobó como reajuste de la educación bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet).
Como partidos políticos y parlamentarios de oposición nos asiste el deber de actuar unidos y con firmeza ante esta situación. Compartimos las principales demandas del movimiento estudiantil y de la sociedad chilena, y sabemos que nuestro rol consiste en abrir paso a las reformas que Chile está esperando. Con ese propósito, hemos acordado trabajar juntos y coordinar diversas iniciativas legislativas y políticas que ayuden a destrabar las demandas educacionales. Ello incluye una plataforma común para enfrentar la discusión del Presupuesto 2012, que se traducirá en un planteamiento claro al gobierno y en una acción decidida para lograr que éste contenga las prioridades y el incremento de los recursos necesarios para responder a las aspiraciones que los chilenos mayoritariamente compartimos.
1. EDUCACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN:
Daremos respaldo y prioridad a las reformas que resguarden constitucionalmente a la educación como un bien público, que den precisión y protección al derecho a la educación y que se orienten a la regulación del sistema privado de educación. La libertad de enseñanza no puede seguir teniendo supremacía respecto al derecho a la educación, el cual está hoy definido en forma débil y difusa, y no cuenta con instrumento eficaces para asegurar su protección (bástenos con señalar que, en la Constitución, el recurso de protección garantiza la libertad de enseñanza pero no el derecho a la educación).
2. FIN AL LUCRO CON FONDOS PÚBLICOS EN EDUCACIÓN:
Buscaremos que antes de terminar el mes de noviembre estén aprobados, en general, en el Senado, los proyectos que buscan poner fin al lucro con fondos públicos en la educación.
Ello debe traducirse en un sistema serio y transparente de fiscalización en el caso de las universidades, donde el lucro está prohibido. Respecto de los institutos profesionales, centros de formación técnica, y de los establecimientos de la educación particular subvencionada, hay que establecer un proceso gradual que asegure el término del lucro con fondos públicos.
En el Presupuesto 2012 presentaremos indicaciones para garantizar que en el intertanto se exija transparencia total, y una adecuada fiscalización, en el manejo financiero de los establecimientos educacionales. Plantearemos que se deben cumplir desde ahora las exigencias de la nueva Superintendencia de Educación obligando a los sostenedores a publicar sus contabilidades en sus respectivas páginas web.
Adicionalmente, debe garantizarse el derecho a Ia organización y participación de los estamentos de sus respectivas comunidades.
3. FIN A LA MUNICIPALIZACIÓN Y CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESCOLAR
Como oposición, formularemos una propuesta propia, en diálogo con los actores sociales, que contenga nuestra visión respecto a cuál deberá ser el nuevo régimen de la educación pública. En particular, no aceptaremos que la educación pública se desmembre en diversas modalidades inconexas. Como oposición somos partidarios de que Ia nueva institucionalidad contemple un Sistema Nacional de Educación, público, autónomo y descentralizado. Lo anterior implica una clara responsabilidad del Ministerio de Educación en términos de garantizar el buen funcionamiento, la calidad y equidad del sistema, resguardando un funcionamiento descentralizado y con participación de las comunidades respectivas.
4. BECAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL 60-70% DE MENORES INGRESOS, CRÉDITOS BLANDOS, Y GARANTÍA DE ACCESO PARA ESTUDIANTES MERITORIOS
Nuestro primer planteamiento al gobierno en este ámbito es que se garantice gratuidad para los estudiantes pertenecientes al 60-70% de menores ingresos que cursen estudios en las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, en el entendido que las casas de estudio que se beneficiarán con dicho aportes se encontrarán sometidos a controles y regulaciones públicos más rigurosos. Aspiramos a que, concurriendo los requisitos de exigibilidad, este beneficio se extienda, en forma gradual y en un plazo razonable, al 60-70% de menores ingresos de toda la educación superior.
Dicha extensión de las becas deberá complementarse con una clara decisión de avanzar hacia una situación en que el arancel de referencia se asimile al arancel real.
En segundo término, el CAE (Crédito con Aval del Estado) deberá ser sustituido hasta alcanzar los estándares del actual crédito solidario. Dicho sistema deberá asegurar que el cobro del crédito sea contingente al ingreso, para asegurar que las cuotas nunca excedan un cierto porcentaje de los recursos percibidos mensualmente, y que tengan un período máximo de cobro, después del cual el crédito se extinga. Además, se deberá establecer que el nuevo crédito sea gestionado por una agencia pública.
Transitoriamente, y mientras se avanza hacia la configuración de un sistema unificado de becas y créditos para toda la educación superior, accederán también a este crédito los estudiantes de los primeros seis o siete deciles de menores ingresos que estudien en universidades privadas. La extensión de la gratuidad (becas) a las universidades privadas estará condicionada a que estas cumplan con un conjunto de requisitos mínimos, los cuales deberán ser específicamente verificados: acreditación de instituciones y carreras, hacer efectiva Ia prohibición de lucrar que hoy pesa sobre las universidades, garantía de la libertad de cátedra y el derecho de asociación, y derecho a la organización estudiantil. Todo lo anterior, vinculado a un sistema de acreditación que asegure estándares más rigurosos, defina con seguridad y rigor el principio de calidad y fortalezca el rol de la agencia pública encargada del tema a través de la creación de una Superintendencia de Educación Superior.
En el Presupuesto se deberá avanzar hacia una mayor exigencia en materia de acreditación de las instituciones que utilicen los instrumentos de financiamiento estudiantil en tanto el ejecutivo no envíe el proyecto de ley para perfeccionar el actual sistema.
Además, las nuevas ayudas estudiantiles deberán estar vinculadas a un mecanismo de control de los aranceles, ejercido desde un organismo independiente, para evitar que éstos sigan subiendo sin fundamento.
Por otra parte, exigiremos que en el Presupuesto se destinen los recursos necesarios para poner en marcha una nueva modalidad de acceso a la educación superior destinada a los estudiantes destacados o meritorios de los establecimientos que reciben financiamiento público, orientada a mitigar las distorsiones e inequidades del sistema PSU. Para ello, nos proponemos como meta llegar a que un 10% (la ley actual habla de 5%) de alumnos que puedan acceder a la educación universitaria en base al ranking de notas de la educación media, con programas propedéuticos y de nivelación que garanticen su inserción efectiva.
5. MAYOR COMPROMISO DEL ESTADO EN EL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL UNIVERSITARIO Y NUEVO TRATO A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO
En materia de financiamiento universitario, el gobierno debe partir por cumplir los compromisos ya adquiridos, que incluyen recursos especiales para la reconstrucción, fondos para las ciencias sociales, programas de retiro para académicos, aportes extraordinarios para las universidades estatales y las del Consejo de Rectores.
Somos partidarios de dar una señal clara de reajuste de los fondos del Aporte Fiscal Directo (AFD), destinado a todas las universidades del Consejo de Rectores, incluyendo mecanismos para corregir su asignación, haciéndola más equitativa. Uno de los fundamentos de dicho reajuste será compensar el control del alza de los aranceles que se aplicará como correlato de las nuevas normas sobre gratuidad.
Junto con ello, en este presupuesto deben crearse Aportes Basales para las Universidades Estatales. Estos se justifican en que dichas instituciones en su misión expresan las prioridades que el Estado acuerda con las instituciones que le pertenecen, en la perspectiva del desarrollo nacional, y que debieran estar enfocados a hacerlas crecer y ampliar sus actividades tanto en materia docente como de investigación y extensión, siempre sobre la base de la responsabilidad financiera.
6. MEDIDAS INMEDIATAS A NIVEL DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y PARVULARIA
En el Presupuesto se debe garantizar una adecuada reposición de la infraestructura escolar dañada por el terremoto. Existe preocupación porque el presupuesto del programa 02 (de Infraestructura educacional) cae 17,5% respecto de la ley 2011, y presenta una baja ejecución a agosto (23,5% respecto del presupuesto aprobado; 27,8% respecto de presupuesto ajustado).
Somos partidarios de una Plan Inmediato de fortalecimiento de la educación pública escolar que permita avanzar en las tareas más urgentes a la espera de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad que reemplazará a la municipalización. Es necesario destinar recursos adicionales significativos para este objetivo. Entre otros objetivos, dicho plan debiera enfocarse a tareas como la reducción de número de alumnos por curso ahí donde sea necesario, el fortalecimiento de los equipos directivos para permitir que los directores se concentren en el liderazgo educativo derivando las tareas administrativas, la asignación de mayor cantidad de horas para la preparación de clases a los profesores y el desarrollo de actividades deportivas y culturales.
Ingresaremos indicaciones destinadas a establecer requisitos claros para la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados, para impedir que la sobre-oferta escolar siga profundizando el desfinanciamiento de los establecimientos ya existentes. Así también, exigiremos que se reconozcan y respeten los beneficios por los profesores en materia de bono post laboral y de incentivo al retiro.
Además, buscaremos avanzar en el progresivo aumento de la subvención escolar de manera tal de ir disminuyendo el financiamiento compartido, hasta su virtual extinción, por llegar a ser innecesario. Del mismo modo, impulsaremos el cambio del sistema de subvenciones para lograr que su pago no dependa exclusivamente de la asistencia de los alumnos, sino de una combinación entre asistencia y matrícula.
Asimismo, se deberá reponer la prioridad -abandonada por el actual gobierno en el presupuesto 2011- en materia de educación parvularia, para lo cual se debe aumentar progresivamente el presupuesto asociado a fin de que se alcance una meta de 60% en los tres quintiles de menores ingresos de la población. Adicionalmente, se deben inyectar los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios prestados (coeficientes técnicos, fiscalización, etc).
7. REFORMA PROFUNDA A LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA TRANSFORMARLA EN PRIORIDAD DEL PAÍS
En este Presupuesto se deben dar las primeras señales a favor de una reforma en serio a la educación técnico-profesional.
Es necesario actualizar la oferta de carreras en este sector y modernizar las existentes. Hay muchos ámbitos laborales de alto interés y proyección que no están siendo cubiertos. Tanto en estas nuevas especialidades como en las existentes, se debe hacer una inversión sustantiva en el mejoramiento de la infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y en el perfeccionamiento de los docentes que las imparten, contando con una adecuada regulación.
Somos partidarios de evaluar Ia situación de los establecimientos del Decreto 3166, asegurando niveles mínimos de transparencia y aseguramiento de la calidad.
Las nuevas políticas de acceso a la educación superior deben poner especial énfasis en llegar a este sector y permitir que los estudiantes puedan continuar sus estudios después de egresados de la enseñanza media.
Esto debe expresarse en mayores recursos en el Presupuesto 2011. Como mínimo, se debiera llegar a los niveles presupuestarios del año 2010 que inexplicablemente fueron rebajados el año anterior y que, si bien experimentan un aumento en el proyecto de presupuesto 2012, aún no se equiparan con el piso del 2010.
8. REFORMA TRIBUTARIA PARA GARANTIZAR UN FONDO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN QUE FINANCIE REALMENTE Y EN FORMA SUSTENTABLE LOS REQUERIMIENTOS DE LA REFORMA
Para hacer posibles metas de la profundidad que estamos proponiendo, es indispensable construir un Fondo de Reforma de la Educación real, permanente, con reglas claras de funcionamiento (como las tiene el Fondo de Reserva de Pensiones) y con recursos estables que permitan afrontar los desafíos de la reforma educativa en sus distintos niveles.
En lo inmediato, haremos ver al gobierno que debe mantener el impuesto a la renta en un 20% con el objeto de financiar en parte las medidas inmediatas que deben tomarse en respuesta a los cambios que el país espera en materia educacional. Así también, propondremos que una parte de los recursos empozados en el fondo para adquisición de armamento que se forma con el 10% de los recursos del cobre que van a las FFAA, se destine a financiar la reforma educacional (tal como se hizo el año pasado con el terremoto).
Somos partidarios de impulsar una reforma tributaria que nos permita generar los mayores recursos fiscales necesarios para dar sustentabilidad fiscal en el mediano plazo a este Fondo, garantizando ingresos permanentes para gastos permanentes. Dicha reforma deberá permitir una estructura tributaria más justa, que no sólo aumente la recaudación de recursos públicos sino que distribuya de una forma más equitativa la carga fiscal.
Nuestro compromiso con esta Reforma va más allá de lo que logremos avanzar en el actual gobierno. Por ello, establecemos desde ya que ésta será una prioridad de nuestros respectivos proyectos de gobierno, y estará al centro de los programas de nuestros candidatos presidenciales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario